¿Déficit fiscal o déficit de renta?

Hoy lo mandaré al Ideal. Ya veremos cuándo lo publican...

En los últimos días ha vuelto a la actualidad del debate político, merced consustanciarse el estatuto de autonomía de Cataluña. Entre otras novedades, desde el punto de vista económico resalta la propuesta de nuevo sistema de financiación. Este sistema propuesto aumentaría el grado de independencia fiscal de la autonomía catalana, aunque definiéndose un sistema de forma unilateral o bilateral, en el mejor de los casos. No vamos a entrar a discutir si es lícito que una autonomía decida de esta su modelo de financiación cuando es éste un tema que repercute en los 17 territorios autonómicos.
Esta visión de los partidos catalanes se fundamenta y se justifica desde el punto de vista del déficit fiscal de Cataluña. Es decir, esta Comunidad autónoma está recibiendo menos dinero público del que aporta a las arcas del Estado, situación que define el déficit y se convierte en una injusticia contra la que hay que luchar.
Los datos, aparentemente, les dan la razón, ya que efectivamente Cataluña aporta más dinero al Estado del que recibe. Evidentemente, el planteamiento no se sostiene desde el punto de vista de la visión de conjunto. El motivo por el que se construye ese déficit fiscal se debe a que nuestro sistema impositivo es progresivo, de forma que pagan más impuestos los que más renta perciben y, en virtud del principio de redistribución de la renta, reciben más fondos públicos los más necesitados. Obviamente, lo que sucede es que en Cataluña hay un mayor nivel de renta medio, lo que se traduce en que pagan más y reciben menos contribuciones estatales, que se dirigen a compensar el déficit de renta de otras comunidades.
Es decir, si aceptamos entrar en el debate del déficit fiscal, deberíamos ser capaces de introducir en el mismo la existencia de un déficit de renta que, por la misma razón demagógica que el anterior, también debe ser cubierto por razones de justicia redistributiva y social.
Si todas las comunidades pretendieran compensar sus déficit fiscales, nos encontraríamos con la paradoja de una política de redistribución absurda, en la que los más ricos de los ricos transferirían ingresos a los más ricos de los pobres y los más ricos de los pobres a los más pobres de los pobres, corriendo el riesgo de lograr un mantenimiento de las diferencias de renta interregionales. Incluso, llevando al extremo este planteamiento, es posible que las personas planteen también la justicia de sus déficit fiscales, ¿por qué pagar más en mi IRPF de lo que recibo del Estado? ¿Por qué pagar la Seguridad Social si yo uso un seguro privado? ¿Por qué cotizar a la SS si tengo contratado un seguro privado de jubilación?
Otra cosa es que nos planteemos la eficiencia de las políticas redistribuidoras. Es decir, en qué grado las medidas de política redistributiva contribuyen a reducir las diferencias. A lo mejor sería hora de plantearnos medir los resultados obtenidos y ponerlos en contraposición con los esperados a priori. Podría ser que nos lleváramos alguna sorpresa y que, en cierta forma, se estuviera produciendo un uso inadecuado de los fondos. Pero ese es otro debate.

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