Los costes externos del incumplimiento

¿Qué es lo peor que le puede suceder a una marca territorial (aunque ésta sea tácita)? Que alguno de sus fabricantes cometa un delito contra los consumidores. Aunque sean uno o unos pocos, el consumidor asume que ante la imposibilidad de distinguir debe castigar al conjunto de la producción englobada en esa marca.
Eso es lo que ha sucedido en estos días con el tema de los pimientos de Almería. Unos pocos agricultores han cometido la imprudencia (incluso, el delito) de utilizar pesticidas ilegales en sus explotaciones. Con este comportamiento han logrado que la producción provincial haya salido en los diarios de mayor tirada en los mercados consumidores. Con su comportamiento estúpido han logrado que el trabajo de muchos años en pos de generar una imagen de calidad y seguridad alimentaria (nuestras ventajas competitivas) se han ido al traste.
Alguna asociación de agricultores se ha descolgado diciendo que sólo es parte de una campaña orquestada en Europa en contra de Almería. Hay que ser muy miope o muy cínico para responder así en lugar de repudiar el comportamiento de los agricultores. Aunque, hay que decirlo, una parte de la crítica de las asociaciones si es cierta: ¿Cómo es posible que pese a los controles esas producciones han llegado al mercado? ¿Hay un agujero de seguridad en nuestro control de calidad? De ser así, ¿dónde está, en las cooperativas y SAT, en las alhondigas, o en ambos sistemas?
A pocos días de la inauguración de la Fruitlogística, precisamente en Alemania, presentarse con el slogan: "somos de Almería" es una auténtica temeridad, ya que nos arriesgamos a que la gente lea: "somos los que usamos pesticidas ilegales". El sistema de control de nuestra marca, que no existe de hecho, pero si de forma tácita, debe ser un auténtico muro de contención contra el que se estrellen los desalmados, los 4 ó 5 a los que no les importa arruinar el trabajo de más de 13.000 explotaciones y de miles de familias sumando todas las fases de la producción. Para esa gente, que no se preocupa por los costes externos que generan, las multas de 12.000 euros me parecen insuficientes. Y, si no fuera ilegal, debería promoverse una lista negra de agricultores incumplidores, que estuviera a disposición de las comercializadoras y de la que sólo se podría salir pasando una auditoría de calidad y salubridad a cargo del propio agricultor. A lo mejor, así, aprendíamos todos.

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