Un problema: tres soluciones

La industria automovilística se enfrenta a una legislación que, según el sector, pondrá en juedo su rentabilidad y supondrá en torno a un millón de empleos perdidos. La cuestión es que para cumplir los compromisos del protocolo de Kioto, los legisladores de la Unión Europea plantean una regulación limitante ds las emisiones de CO2 de los vehículos. Los fabricantes, que inicialmente se habían comprometido a llegar a unas determinadas cifras en 2008, señalan ahora su incapacidad para hacerlo sin poner en riesgo su rentabilidad.
Para el mismo problema, los Estados Unidos optan por mejorar el rendimiento en el uso del carburante. O sea, el acento se pone en ahorrar combustible y así emitir menos CO2, aunque algunos estados se están planteando también el límite de emisiones.
Finalmente, Gran Bretaña ha optado, en línea con el Informe Stern, por mandar un claro mensaje a los consumidores: los que compren coches más contaminantes pagarán más impuestos.
A priori, me da la impresión que la medida que más impacto directo tendrá será la de la Unión, pues limita el origen del problema, aunque probablemente suponga un aumento del precio de los vehículos, aumentos de precio que, por supuesto, tendrán que cumplir todos los fabricantes que quieran vender sus coches en Europa, lo que podría reducir las ventas globales pero que no tendría que incidir en una pérdida de cuota de mercado (si todos los agentes fueran igual de eficientes).
Además, esa medida logra que los consumidores sean conscientes del coste ambiental que se genera y que se planteen un consumo más resposable en lo que a coches se refiere.
La noticia que ha servido para este post está en Ambientum.

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