Las huelgas, los precios del petróleo y el riesgo moral

Esta mañana Almería estaba patas arriba. Por un lado, los transportistas continuaban con su paro patronal. Por otro, los agricultores terminaban montando una batalla campal frente a las oficinas de hacienda (las mismas que asaltaron años atrás) y los pescadores se manifestaban, estos sí, pacíficamente.
Los primeros piden una tarifa mínima, los segundos una deducción fiscal y los terceros la eliminación de los impuestos del carburante. En el fondo, lo que todos ellos están pidiendo es una intervención del Estado en sus respectivos mercados. Los costes de producción en todos los casos están muy afectados por los aumentos del precio del petróleo. A los primeros, el coste de carburante es uno de los insumos variables más importantes. A los segundos, la energía y los plásticos les suponen una fuerte factura mensual y a los terceros, lo mismo que a los primeros.
En cualquier caso, lo que pretenden es quedar protegidos de los avatares de la economía y de la globalización. Los transportistas, que tienen una estructura en la que predominan los autónomos, se autosometen a una feroz competencia, en la que a veces se dejan en el camino la legalidad laboral (no respetando los tiempos máximos de conducción) o la honestidad (cargando diesel subvencionado). Los costes, con todo, no han dejado de aumentar y la rentabilidad posiblemente ya no es posible obtenerla ni siquiera por las vías menos legales, por lo que la mejor salida es buscar a alguien que imponga unos precios mínimos. El problema es que cuando las cosas iban bien, aceptaron las reglas de juego del mercado. Es más, llevaron las reglas al todo vale y, ahora que pintan bastos, quieren que el Estado les salve. Pero da la casualidad que no es posible intervenir los precios en un sólo mercado. Y menos en ese. Básicamente por dos cuestiones: la primera es que posiblemente los propios transportistas terminarían por saltarse el precio mínimo. La segunda es que el transporte forma parte de la cadena de valor de la mayor parte de los sectores, que posiblemente pedirían en cascada medidas similares para ellos, a fin de protegerse del aumento de los costes logísticos.
Con respecto a la agricultura, una parte del sector (no todas las organizaciones han secundado la huelga) pide deducciones fiscales, en línea con las recibidas en años anteriores. Deducciones que estaban motivadas por sucesos catastróficos. No obstante, a diferencia del caso anterior, es cierto que hay una enorme diferencia entre el precio percibido por los productores y el que pagan los consumidores. Pero la razón de esta diferencia está relacionada con la pequeña dimensión de las empresas agrarias que no pueden negociar en igualdad de condiciones con las centrales de compra y las grandes superficies.
Algo similar pasa con la pesca, que además se enfrenta a un problema cierto de sobreexplotación de recursos, lo que plantea un nudo gordiano de difícil solución.
En los tres casos, sectores que han vivido tiempos mejores quieren ahora "socializar sus pérdidas". Dado que estos sectores están muy atomizados, los afectados son muchos. Y cuando hay muchos en algún sector, el interés de los políticos se enciende rápido: mucha gente afectada a la que se ayuda, son muchos votos potenciales.
Pero, si terminan saliéndose con la suya, terminaremos por fortalecer el mensaje de que el riesgo empresarial el relativo, si somos muchos, cuando todo va mal, siempre nos quedará el Estado.
En cualquier caso, a lo mejor hay que proteger a las familias que pueden verse desplazadas por los efectos del mercado, pero no creo que sea inteligente abaratar artificialmente el crudo. Ya lo hicimos una vez y la crisis resultante nos llevó casi una década salvarla.