España necesita un plan



La actual situación se ha producido por el choque entre dos visiones completamente antagónicas. De un lado, un gobierno autonómico imbuido por un anhelo de independencia utópico alejado de la realidad, hasta cierto punto alienado por una idea de República Catalana más cercana a la Arcadia Feliz que a la realidad de una política tan corrompida como la del resto de España (también ha sido una conveniente sordina sobre los errores de los gobernantes catalanes). De otro, un gobierno central en minoría, agobiado por los escándalos de corrupción y enrocado en lo que es la marca personal de Rajoy (la antirreina roja): no moverse hasta que el problema se ponga de tu parte. Unos y otros ha configurado un conflicto que era hubiera sido, si no perfectamente evitable, al menos no tan dañino.

Si alguien hubiera hecho en 2012 una matriz de escenarios potenciales, el actual hubiera sido uno de los peores. Los independentistas se deben a su relato y están convencidos de que su proyecto mesiánico está llamado a tener éxito. No aceptan que a día de hoy no tienen derecho a decidir (literalmente, ni ellos ni los vascos, ni los andaluces, ni los canarios), no sin el resto. Y no están dispuestos a luchar por cambiar esa realidad, han preferido tirar por la calle de en medio. Por ello no han dudado en traspasar las leyes que en su momento nos dimos todos, ellos también, y su propio estatuto. Juegan a todo o nada. Por otro lado, el muro que ha sido el gobierno ha facilitado el discurso victimista de la otra parte. Y ahora, apenas le quedan cartas que jugar, más que la del estricto cumplimiento de la ley. Es más, su actitud dura posiblemente termine contribuyendo a desdibujar algunos de los escándalos de corrupción que están aún en fase judicial, por lo que podrían considerar la presente situación como un mal menor (espero que no sean tan cínicos).

Antes de seguir, dejaré clara mi opinión personal. Creo que la independencia catalana es un error que nos perjudicará a todos. España dividida en dos tendrá menos peso en los foros internacionales, empezando por la propia UE donde pasaríamos a ser un país miembro con menos escaños en el parlamento los de un lado, y un país candidato de pequeña dimensión (a la altura de las repúblicas bálticas) los del otro. La probabilidad de impago de la deuda sería mayor para los dos países, lo que elevaría intereses de la misma para ambos y supondría un aumento de impuestos dificultando el crecimiento del PIB en ambos países. A lo mejor soy un españolista ultramontano, pero no me gustaría vivir una nueva recesión con menos capacidad de reacción, con un menor número de empresas y 5 millones menos de consumidores y potenciales cotizantes: también puede ser que le haya cogido miedo a las crisis y su potencial destructivo sobre la riqueza y el empleo. Porque esa es otra, la seguridad social (caja única, recuerdo): a saber cómo de tocada quedaría después de la ruptura.

Dicho esto, reitero: España necesita un plan. Y ese plan no puede ser simplemente aplicar el artículo 155 y convocar nuevas elecciones con unos partidos catalanistas descabezados. Los escenarios posibles para el 2 de octubre son todos bastante sombríos. En el peor de los casos tendremos en Cataluña dos legitimidades contrapuestas (con lo que esto implica en términos de incertidumbre legislativa) y una tensión en la calle muy peligrosa. En el mejor, una parte importante de la población catalana frustrada y furiosa al ver imposibilitado una vez más su anhelo. Para octubre o, todo lo más, diciembre debería estar constituida una comisión en el Parlamento para la modificación de la Constitución. Entre otras cosas, y como mínimo, debería contemplarse un mecanismo para que un territorio del Estado pueda declararse independiente. En dicho procedimiento deben especificarse las mayorías necesarias para lograrlo (tanto a nivel cuantitativo como geográfico), así como los intervalos de tiempo mínimos entre intentos. También deberían fijarse unas normas mínimas de reparto de los activos y pasivos del Estado en caso de secesión, establecimiento de fronteras, distribución de los servicios públicos, etc. lo que permitiría unos debates en torno a las posibles independencias mucho más centrados en los costes y los beneficios y menos en los sentimientos patrióticos y los agravios percibidos. Eso hay que hacerlo y hay que hacerlo rápido y bien. Solo así se podrán acallar las voces acusadoras de injusticia y persecución. En un club no se puede obligar a un socio a permanecer en contra de su voluntad, pero en los estatutos siempre hay unas reglas específicas que marcan el procedimiento de salida, incluso el de expulsión.



Ojalá quede algo de vida inteligente en Madrid y Barcelona y no tengamos que vernos el próximo 2 de octubre lamentando víctimas a causa de los exaltados de una y otra parte. Si eso sucediera, el ya de por sí complicado procedimiento de la reconciliación sería casi una misión imposible.

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