El tsunami financiero impacta en España

El terrible terremoto con el que nos hemos despertado hoy, y las consecuencias que el tsunami derivado está provocando en todo el Pacífico, están alejando de la actualidad algunas noticias económicas muy importantes y que, a buen seguro, modificarán nuevamente el panorama financiero español. Ayer, el Banco de España hizo pública la lista de entidades que cumplen (y no cumplen) los requisitos de core capital establecidos por el Gobierno. En realidad no ha habido muchas sorpresas, pues en los últimos meses ya hemos estado asistiendo a la reconfiguración del sistema, sobre todo en su vertiente de las cajas de ahorros.
La relativa novedad proviene de lo perentorio de los plazos para la búsqueda de soluciones. Desde la publicación de la lista, las entidades incumplidoras tienen 15 días hábiles para explicarle al banco emisor su estrategia y los plazos en los que piensan cubrir los requerimientos. Y, todo esto, con el horizonte de resolución puesto en el 30 de septiembre, momento en el que tendrían que estar todos cumpliendo el objetivo general del 8% o del 10% para las entidades que reunan las dos condiciones siguientes: a) que tengan un coeficiente de financiación mayorista superior al 20% y, b) que no tengan distribuidos a terceros títulos representativos de su capital social por, al menos, un 20%.

Entidades con necesidades de capital ordenadas por diferencias en puntos porcentuales.
Fuente: Banco de España.

En el fondo, el objetivo del 10% está destinado a las cajas de ahorros, que son las únicas del sistema que no tienen títulos representativos del capital. La salida es muy complicada para estas cajas, por mucho que algunas de ellas se hayan agrupado en torno a diversos SIP, ya que se van a ver obligadas a convertirse en bancos para poder emitir títulos por encima del 20% del capital social nominal y de esta forma rebajar las necesidades de capital hasta el 8%. Sin embargo, en unas condiciones como las actuales, lograr la entrada de inversores en unas entidades españolas que han suspendido el examen y que (obviemente) por ser españolas participan del riesgo país que el mercado nos asigna, va a ser misión harto complicada, por no decir imposible, a no ser que entren con una prima de emisión negativa importante. Es decir, con un precio de adquisición de los títulos a precios de saldo. Es decir, que muy posiblemente, algunas de las cajas serán terreno abonado para la entrada de grandes fondos de inversión especulativos, que solucionarán el problema a corto, pero complicarán la convivencia "social" de las entidades a medio y largo plazo.
El resultado esperado de esta operación es consolidar el sistema financiero, concentrar las entidades, aumentando la dimensión media de las cajas (más bien de sus bancos) y facilitar la llegada del crédito a las empresas. De propina, la conversión obligada de muchas cajas en bancos va a suponer la reducción de los fondos destinados a obra social, la mayor parte de la misma de carácter asistencial, generando de esta forma un importante agujero en el colchón nacional de alivio de las situaciones de exclusión y marginalidad social. Es decir, que es muy previsible que la labor asistencial de las cajas se reduzca o desaparezca.
Finalmente, es bastante curioso el cumplimiento general de las cooperativas de crédito, las cuales se han convertido en el elemento más atomizado del sistema. Por ello, la estrategia que el Banco de España está siguiendo con ellas para lograr el aumento de dimensión y la reducción del número de entidades es distinta, insistiendo en la necesidad de concentración para facilitar el acceso a los mercados mayoristas y para garantizar la solvencia de las mismas a largo plazo. También resulta evidente que el ritmo de concentración de las entidades no está siendo lo suficientemente rápido en comparación con el de las cajas de ahorros (60 cajas rurales por 16 cajas de ahorros), por lo que no sería de extrañar una actitud mucho más agresiva por parte del regulador en los próximos meses.